Citatorios y Nulidad de Notificaciones


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Erick Lozano

Introducción

En México prevalece el principio de legalidad, el cual regula cualquier actividad, acto o función que emane del poder público el cual debe ser en estricto apego a la ley, no a la simple y vana voluntad de los individuos que fungen como servidores públicos. De tal forma un gobernante no debe actuar de manera contraria a lo establecido en nuestra Carta Magna o leyes a fin de garantizar un Estado de Derecho que limite las actuaciones de la autoridad y proteja los derechos de los ciudadanos.

De tal forma encontramos que en los artículos 16 y 17, ambos de la Constitución Mexicana, establecen en términos generales los siguientes:

  • “ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”
  • “ARTÍCULO 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.

De tal forma la “Notificación” representa un medio de suma importancia para el derecho procesal, la justicia y muy especialmente como parte del apego a lo manifestado en nuestra Carta Magna y diversos ordenamientos legales. Sin embargo, el dar a conocer al demandado el llamamiento a juicio, decisiones, estatus o resoluciones de las actuaciones, las que denominamos en el ámbito jurídico y en términos generales como “notificar”; y muy especialmente las de carácter meramente personal, requieren de una imperiosa claridad legal.

Generalidades del Emplazamiento

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Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Este servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Tratándose de notificaciones personales en materia laboral, fiscal y administrativa en el ámbito federal y local, los diversos ordenamientos legales que la regulan, Ley Federal del Trabajo, Código Fiscal de la Federación, Código Federal de Procedimiento Administrativo, Código Fiscal o Financiero de las diversas entidades federativas y Ley de Procedimiento Administrativo, igualmente de los Estados, coinciden en establecer requisitos esenciales para su práctica.

De ahí tenemos que para que una diligencia pueda considerarse legal, se debe cumplir que si al presentarse el notificador en el domicilio en donde deba practicarse la diligencia una vez cerciorado el mismo, no estuviere la persona a quien va dirigida o su representante legal, se dejará citatorio con quien se encuentre en dicho lugar, para que el ciudadano o su representante legal lo esperen a una hora determinada del día hábil siguiente para recibirla, debiendo asentarse la hora y fecha en que se practica la diligencia, así como el recabo del nombre de la persona con quien ésta se entiende, su identificación y su firma. Sólo así, si el día y hora señalados en el citatorio, el interesado o su representante legal no esperasen al notificador, la diligencia respectiva podrá entenderse con quien se encuentre en el domicilio indicado.

Las formalidades mencionadas, tienen como finalidad otorgar la seguridad de que el destinatario tenga conocimiento oportuno de los actos que se le imputan y así de esa forma poder manifestar lo que a su derecho convenga, pues solo a través de una legal notificación, nace a la vida jurídica el acto de autoridad o el emplazamiento, es decir, este surte sus efectos y consecuencias jurídicas.

De ahí que si la autoridad no se apega a estos requisitos, no puede surtir efectos y es factible su impugnación ante los diversos órganos jurisdiccionales, es decir, debe darse oportunidad al actor de imponerse de su contenido e impugnarlo en atención a sus derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente. Dicho recurso (vía incidental o mediante juicio según la materia) tiene como finalidad regresar el procedimiento al inicio de éste (al emplazamiento – notificación) el cual permite en algunos casos ganar tiempo para el demandado.

Conclusión 

Finalmente consideremos que previo a recibir una notificación, o bien teniendo en nuestras manos un citatorio con hora y fecha señalado para recibirla, debemos considerar los siguientes principios generales del derecho, los cuales nos permiten actuar o arrepentirnos de esa actuación:

  1. Quien sabe y consiente no recibe injuria ni engaño.
  2. Lo que no consta en los autos del pleito, no existe en el mundo.
  3. El error quita la voluntad y descubre la impericia de su autor.
  4. No hay mejor testigo que el papel escrito.
  5. Lo que es nulo no produce efecto alguno.
  6. No hay mejor testigo que el papel escrito.

En Lofton, además de contar con los conocimientos y la experiencia necesaria para lograr el éxito en los diversos litigios, implementamos estrategias inteligentes de prevención y control de notificaciones.

Punto de vista Lofton

Recuerde un último principio: La ignorancia de la ley, no lo exime de su cumplimiento.

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